Como migrante, estoy muy feliz, y quiero compartir esta noticia, se que hay millones de personas como yo que llegaron a EEUU a buscar un futuro, y lo que sucedió es un verdadero jarro de agua fría para los sectores más conservadores de Estados Unidos. Y es que nada más y nada menos que la Corte Suprema ha decidido impedir indefinidamente que el estado de Texas haga cumplir su cuestionada ley antiinmigrante.

Se trata, sin duda, de un durísimo revés legal para las autoridades texanas que buscaban endurecer los controles migratorios y facilitar la deportación masiva de indocumentados a través de polémicas facultades para sus agentes estatales. Un proyecto normativo que desde un inicio despertó un mar de críticas por su potencial de violación a derechos humanos básicos.

Los defensores de esta legislación, impulsada con ahínco por el gobierno republicano de Greg Abbott, la pintaban como una herramienta vital para frenar la inseguridad fronteriza y los flujos migratorios irregulares. Pero también es cierto que muchos la tildaban abiertamente de racista, xenófoba e indigna de los valores fundacionales del país.

Esta decisión de la máxima instancia judicial estadounidense, aunque previsible para muchos analistas, no deja de ser un triunfo mayúsculo para los grupos pro inmigrantes y civiles que llevaban meses librando una batalla campal para evitar su implementación. Un respiro gigantesco para millones de residentes sin papeles en Texas que vivían bajo un permanente clima de zozobra e incertidumbre.

Por otro lado, quienes respaldaban este tipo de normativa draconiana contra la inmigración indocumentada sin duda se sentirán profundamente decepcionados. Para ellos, la Corte Suprema acaba de fallar estrepitosamente en su labor de garantizar la soberanía y seguridad fronteriza. Un argumento que seguramente alimentará los discursos incendiarios de cara a los comicios de 2024.

Sea como sea, lo cierto es que esta decisión judicial supone un duro golpe al andamiaje legal con el que los sectores más conservadores pretendían combatir a la inmigración irregular. Y es que cada vez parece más claro que las soluciones extremas simplemente no tienen cabida ante la complejidad de un fenómeno tan profundo como los flujos migratorios globales.

En ese sentido, ¿no debería esta orden de la Corte Suprema ser un aldabonazo para que los legisladores se sienten a diseñar un enfoque más humano y realista? ¿Acaso no amerita el gran drama de la migración forzada propuestas integrales que vayan más allá de la simple criminalización y la mano dura?

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